Reseña: Dejad que los niños vengan a mí - Juan Pablo Barrientos (2019)
18 de noviembre de 2019
Quienes tengamos una formación católica o cristiana (creyentes o no), se nos hace bastante familiar la afirmación que titula el libro. Una frase poética para referirse a la pureza e inocencia de los niños —esos que están libres de pecado porque no conocen la maldad del mundo—, que hace referencia al lugar privilegiado que éstos gozan en “el reino de los cielos, el paraíso, el reino de Dios (como quiera llamarle)”, y que por consiguiente cuentan con un amor especial profesado por el Mesías; o allí es hasta donde logro recordar.
Sí, compré el libro en medio de un arranque de curiosidad, específicamente cuando se desató en octubre y noviembre del año pasado, un escándalo mediático debido a la censura de la que era objeto (en otro ejemplo de la censura, generando el efecto contrario al que buscaba), alimentando así mi gula literaria. Nadie en la actualidad que lea noticias, vea televisión o haya ido a cine alguna vez en su vida, está exento de haber recibido información de los múltiples casos de pederastia en la Iglesia Católica, los cuales se han reportado en las últimas décadas, constituyendo una epidemia que además de producir asco y repudio, es totalmente injustificable.
Así entonces, lo leí, me escandalicé, me estremecí, sentí rabia y mucho dolor. Sin embargo, quise entender que había más allá de la discusión sobre el abuso sexual y el silencio de las víctimas (que son temas que dan mucho para hablar). ¿Qué era lo que había vuelto este problema un tema más complejo de lo que se alcanza a ver en la superficie? Soy plenamente consciente que con esta reseña me estoy metiendo en algunos problemas con aquellos que se niegan a creer lo que sucede con varios miembros de la Iglesia a pesar de las evidencias, o que prefieren no saber y no escuchar sobre el tema. Empero quisiera aclarar que no pretendo discutir lo relativo a la fe, ya que no es mi especialidad y tampoco me interesa hacerlo (cada uno es libre de creer lo que mejor le parezca). Tampoco quiero atribuirme la calidad de experta en la materia, pues esta reseña cuenta con algunas colaboraciones.
Leer que muchas vidas han sido y vienen siendo destruidas a partir de relaciones de “confianza” y de personas que se ordenan sacerdotes, es indignante y aterrador. El mecanismo de abuso a menores por parte de sacerdotes opera igual en Colombia que en cualquier otra parte del mundo: un clérigo en una parroquia, que se dice una figura de autoridad moral y confianza, se consolida como el líder de esa comunidad; reparte el sacramento, convoca a las buenas prácticas cristianas, es carismático y bien querido por quienes le siguen. En su tiempo libre se dedica a coleccionar víctimas menores de edad (casi siempre entre los 10 y 12 años), casi siempre sin figura paterna en sus hogares, con múltiples necesidades económicas, en algunos casos atrapados en un ambiente que los hace vulnerables a la violencia y al conflicto, con un panorama poco alentador; menores víctimas que al ver al sacerdote, encuentran en ese ser “paternal y cercano a la santidad” un amigo, un consejero, un refugio y no mucho después, un verdadero infierno.
A partir de los testimonios valientes y llenos de coraje que Juan Pablo Barrientos recopiló en su libro, quisiera revisar y quizás discutir (desde esta reseña) la incompatibilidad jurídica existente, que, en lugar de proteger a las víctimas, le ha venido sirviendo a los victimarios para sacar provecho y salir bien librados de unos actos que claramente constituyen delitos y que han venido quedando impunes en la mayoría de los casos. Con ello, quiero aproximarme un poco a la constante protección a las instituciones eclesiásticas y el concurso de éstas en una práctica que se evidencia sistemática: la red de encubrimiento a delincuentes que militan en su institución.
No soy abogada, pero me rodeo de algunos muy buenos, y en medio de la lectura no pude evitar preguntarles a varios por qué en muchos de estos casos la justicia ordinaria no tuvo el sustento probatorio o no acataron el procedimiento adecuado para condenar a los victimarios y proteger a las víctimas, en el entendido que es deber del Estado garantizar la protección de los derechos de sus ciudadanos, fundamentalmente de los menores de edad. Pues sí, todos coinciden en que no es posible, no a la luz de la Constitución. Ahí empezamos mal.
Si alguna vez has escuchado que este es el país del Sagrado Corazón, pues no estás tan perdido. Antes de la reforma constitucional del año 1991, la Carta Política del país expresaba en sus primeras líneas: “En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad”. Según esto, en pocas palabras, era Dios quien tenía toda la autoridad sobre los colombianos, y pues quienes más que los ministros de Dios para orientar las normas de una sociedad puritana y crédula hasta el tuétano.
En 1973 la Santa Sede y la República de Colombia suscribieron un tratado denominado Concordato, que básicamente contiene la norma que regula las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado. Que la religión católica sea un elemento fundamental del bien común, que la misma Iglesia y su legislación tengan libertad e independencia de la potestad civil (en palabras comunes, que no se mezclen peras con manzanas), que las familias católicas tengan derecho a que sus hijos reciban educación religiosa, entre otras, resultan de este acuerdo y otros que fueron suscritos anteriormente, los cuales regulan esa relación tan estrecha y discutida entre el Estado (actualmente laico) y la institución de la Iglesia.
El artículo más controvertido y sobre el cual reposa la defensa de muchos criminales que se hacen o se hicieron llamar sacerdotes y cuyos casos son expuestos en el libro, es el numerado Artículo XX de dicho concordato, el cual indica básicamente que, en caso de procesos penales contra clérigos y religiosos, serán los Tribunales Eclesiásticos quienes actuarán en primera instancia. Por esto la Justicia Ordinaria: “…no pondrá obstáculo al procedimiento judicial. Los juicios no serán públicos…” Igualmente, el mencionado artículo indica que quienes estén incursos en procesos ante el Tribunal “no podrán (…) ser recluidos en cárceles comunes”.
En pocas palabras y para quienes no sabemos de leyes, este artículo le permitía a la Iglesia que manejara en primera instancia y sin obstáculos, los procesos a través de su propia jurisdicción, fundamentada en el derecho canónico, y posteriormente se notificaría a la Justicia Ordinaria para que a su vez iniciara el proceso correspondiente, ¿al cuánto tiempo? No se sabe.
A esto apelan todos, absolutamente todos; porque es mejor ser recluidos en una casa de campo o en una sacristía o en una fundación, rezando 100 avemarías diarias, que estar al lado de otros colegas criminales que podrían tomar la justicia por mano propia. Aquí debo anotar que la crítica de Barrientos va aún más dirigida a aquellos sacerdotes pederastas que son trasladados de parroquia, como si nada hubiera pasado (Nota: Véanse la premiada película Spotlight, que explica este fenómeno perfectamente).
Adicionalmente, cabe mencionar que nuestra Constitución no reconoce la supremacía de los tratados internacionales sobre la Constitución Política (sentencia C-027 de 1993). Muchos de los artículos del Concordato actualmente están declarados inconstitucionales, y aun así el Obispo Ricardo Tobón refugia en ellos la defensa de muchos de sus sacerdotes acusados de abuso sexual de menores de edad.
El análisis a los abusos, violaciones e intrincados procesos de encubrimiento, pueden dar lugar a numerosas investigaciones, libros, documentales, películas, notas periodísticas y demás. Es natural querer encontrarle razones a este oprobio, que pueden ser muchas. He escuchado en algunos análisis que la institución de la Iglesia Católica persiste en los procesos de encubrimiento para evitar que se destapen las altas cifras de clérigos homosexuales que hacen parte de las comunidades católicas. En el libro SODOMA: Poder y escándalo en el Vaticano, de Frédéric Martel, se sostiene esta teoría. Personalmente creo que puede ser uno de los factores que influyen en los mecanismos de encubrimiento, pero estoy segura de que no es el único.
La tarea de Barrientos está llena de coraje y compasión. Esto refuerza la necesidad de las víctimas de contar sus historias y acabar con el silencio de tantos años; por esto es indispensable que este tipo de investigaciones nos sienten a reflexionar sobre el papel de las instituciones religiosas, su deber con el Estado y las normas que lo rigen. El clériman de un sacerdote no puede fungir como chaleco antibalas, no solo desde su connotación como agente de la sociedad; el sacerdote debe retirárselo ante las leyes y ante su propia responsabilidad penal como delincuente. Es un ciudadano, al fin y al cabo.
“El cura es amigo de los pillos del barrio (quienes son la suplantación del Estado, son la ley) porque además tiene gran influencia sobre sus madres y de cierta forma esto lo convierte en el pacificador. Lo escuchan. Es el personaje más importante del barrio, representa la promesa de salvación espiritual y material.”
Hola! Pues wow, me has dejado super fría con los apartados de la constitución donde claramente se les deja la justicia a la Iglesia, y ellos para salvaguardar apariencias, o para mantener "viva la fe", harán todo en silencio para "castigar" a los sacerdotes envueltos en estos escándalos y no meterlos a la cárcel. Esto me escandaliza por completo. Ojalá fuéramos mucho más consientes de esta problemática.
ResponderEliminarGracias por tu reseña, me has dado claridad en muchas cosas!
¡Muchas gracias por leer la reseña y por tu comentario!. Fue tan difícil de escribir como el libro de leer.
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